jueves, 6 de marzo de 2014

“El Estado debe regular el comercio exterior a través de una Junta Nacional de Granos adecuada a estos tiempos”




El Pulki dialogó con Sergio Dumrauf, de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO). Con sencillez y claridad, Dumrauf nos contó cómo surge la CANPO, y nos ilustró sobre quién se queda con la renta agropecuaria, la necesidad de la regulación del Estado y la situación de los pequeños y medianos productores de la región de La Plata.

 

Te dejamos el audio y la transcripción de los principales conceptos de una nota más que interesante.Como siempre recomendamos su escucha, pero, para los que prefieran la lectura, transcribimos…


La CANPO nace en 2008, en la discusión por la Resolución 125, a partir de la iniciativa de un grupo de productores, técnicos, extensionistas, etc. vinculados a las actividades agropecuarias y enroladas en el Proyecto Nacional y Popular. Surge sosteniendo una visión contrapuesta a los intereses concentrados que se expresan a través de la autodenominada Mesa de Enlace. Planteando la necesidad de plantear, desarrollar y proponer visiones alternativas al modo de producción representado por las cuatro entidades que componen esa Mesa.En la región de La Plata y Gran La Plata, la CANPO viene trabajando en distintas formas de organización mediados de 2009. 

Hay una gran diferencia entre nosotros y lo que es la agricultura empresaria, el agro negocio, representada por la Mesa de Enlace, que es la que da la discusión más ideológica. Uno puede conocer a los de la Sociedad Rural, a Buzzi de la Federación Agraria, que son más mediáticos. pero detrás de ellos están los intereses muy fuertes de corporaciones económicas muy grandes como  Cargill, Bunge; Nidera, ADM, es decir los principales exportadores que se llevan la mayor parte de la renta generada por la soja, el maíz, la ganadería, el trigo, o la lechería, aplicadas en formas de producción extensiva que vienen desde 1880.

Por nuestro lado hay una gran cantidad de productores familiares de la agricultura familiar que tiene que ver con la producción de los alimentos que consumimos todos los días. En la zona del Gran La Plata hay más de 3.000 productores que, en la antípoda de los grandes exportadores, sin embargo también están “invisibilizados”. Son aquellos que todos los días hacen las verduras que consumimos, no sólo para la zona de La Plata sino para toda el área metropolitana del gran Buenos Aires. Son productores que están invisibilizados, no se los conoce, y son los que se quedan con una parte bastante pequeña de la renta que ellos mismos generan. La mayor parte se la llevan los mercados concentradores, los acopiadores, toda la cadena intermediaria. En ese sentido nosotros planteamos por un lado, para el mercado interno buscar otras alternativas que reemplacen la concentración minorista –de hecho hoy día las cadenas de supermercados venden el 60, o 70 % de los alimentos de todo el país-, y para lo que tiene que ver con la comercialización externa, la posibilidad de generar una Agencia Nacional de Comercialización, que recupere la línea histórica y económica de lo que era la Junta Nacional de Granos. Es decir, la posibilidad de que el Estado se meta en la regulación del Comercio Exterior. Que no sean las empresas por sí mismas, ellas solas las que plantean las condiciones, los tiempos, los precios, etc., y que se lleven la mayor tasa de ganancia. Que el Estado pueda regular y de alguna manera beneficiar a los pequeños y medianos productores, de los que nosotros hablamos cuando decimos “agricultura familiar”.

Nosotros venimos trabajando ya hace tiempo con Julián Domínguez, de hecho cuando él fue ministro de Agricultura le dio un gran apoyo a la CANPO, y generó un acto en el Luna Park, en 201, con la Presidenta, y ahí le entregamos una serie de propuestas, una de las cuales tiene que ver con la comercialización de granos y oleaginosas, que tiene que ver con la Junta Nacional de Granos, pero no hay todavía un anteproyecto definido. De hecho también el gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri ha hecho por su parte una presentación; una Senadora del sur también planteó el tema, y un sector de Federación Agraria -de una línea opuesta a la de Eduardo Buzzi- también han planteado este tema. Lo que se está empezando a poner en la agenda política es la necesidad de la regulación; sea a través de una Agencia, de una Empresa del Estado, de la manera que sea, pero que de alguna manera el Estado, pueda ir regulando el comercio exterior de modo que beneficie a los agricultores familiares y a los consumidores, aunque sea con algunos productos emblemáticos como puede ser el trigo.

 La experiencia de la Junta Nacional de Granos serviría para tomar sus líneas principales, porque hoy la situación no es la misma que varias décadas atrás. En su momento, la Junta Nacional de Granos tenía dos funciones, por un lado establecía un precio sostén, un precio mínimo. Porque lo que sucede generalmente, por ejemplo con el trigo, es que los pequeños productores cuando hacen la cosecha  en diciembre y en esa época no hay precio, los molineros no quieren pagar, y compran muy barato, o a pagar más adelante, porque no hay un precio definido. Entonces gran parte de la producción de estos pequeños productores directamente tiene un precio bajísimo. Pero a lo largo del año ese precio va aumentando y los grandes productores, los que tienen espalda financiera, terminan vendiendo en octubre o noviembre del año siguiente, a un precio diez veces superior al precio que vendieron los pequeños productores. La Junta Nacional de Granos pondría un precio mínimo precio sostén, entonces cuando el pequeño productor vende apenas terminada la cosecha no la malvendería a un acopiador, sino que el Estado estaría comprando a ese precio sostén, lo cual le da una pequeña tasa de ganancia al productor y paga todo sus costos.



En la región de La Plata nosotros trabajamos con productores migrantes que vienen  trabajando desde  hace unos 10 o 15 años, en general arrancan como peones, luego pasan a ser medieros, la mayoría hoy son arrendatarios, o sea que alquilan la tierra, a un costo muy alto, de 2.000 o 3.000 por mes y por hectárea. Y algunos pocos son propietarios. Pero la gran mayoría son arrendatarios. Hay todo un proceso de trabajo social, político e institucional que venimos haciendo desde hace unos diez años, y hay un proceso de fortalecimiento de la organización. De hecho hay una Mesa de 25 Organizaciones en la región, donde hay cooperativas, asociaciones, grupos organizados. En ese sector el tema de la tierra es una problemática muy fuerte, no sólo por el costo del alquiler, sino también por el corrimiento que padecen los productores a partir de la presión del negocio inmobiliario, que presiona cada vez más, sobre todo a partir del cambio del Código de Ordenamiento Urbano (COU).


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