Por Gabriel Mariotto
La ley de servicios audiovisuales es constitucional. Hubo que esperar mucho tiempo, trabajar muy duro. Una vez sancionada, por amplia mayoría en ambas cámaras, hubo que seguir trabajando. Para superar las medidas cautelares interpuestas y llevar a la Justicia las razones que legitimaban y demostraban su constitucionalidad. Hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento.
La ley de servicios audiovisuales es constitucional. Hubo que esperar mucho tiempo, trabajar muy duro. Una vez sancionada, por amplia mayoría en ambas cámaras, hubo que seguir trabajando. Para superar las medidas cautelares interpuestas y llevar a la Justicia las razones que legitimaban y demostraban su constitucionalidad. Hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento.
Es una ley de interés para toda la ciudadanía. Es un tema árido, de poco gancho, dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la asignación universal o el plan Procrear, que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación y el mundo político, empresarial y sindical, que por lidiar con los medios conocían las perversiones que había que padecer por parte de los dueños de los medios concentrados. El largo tiempo transcurrido sirvió para difundir la ley, para que se conocieran los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría Nietzsche: “Todo lo que no te mata te fortalece”, y eso fue lo que ocurrió. La instalación, a través de litros de tinta y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la “batalla por la libertad de expresión” dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la norma. Mucho debemos agradecer a esos medios concentrados por los niveles de encendido que alcanzó la audiencia pública convocada por la Corte. Fue el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad. Esa audiencia pública fue un rico debate. La sociedad volvió a participar.
La ley no apunta a nadie en particular, sino que atiende los intereses del conjunto, al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa. Elijo al diputado radical Ricardo Laferriere, que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos de Alfonsín un proyecto sobre medios, y a Néstor “Tato” Contissa, docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley.
Escrito para La Nación
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