“El progreso de la justicia es el sentido esencial de
la historia”
Arturo
Enrique Sampay
Dedicado a todos los lectores atentos y, en particular,
a mi prima política,
miembro de la Corte por la que se jugó Néstor
Carlos Kirchner.
Por Ernesto Jauretche
Hacían falta los últimos enunciados de los fallos de la Corte de Suprema de Justicia
para que quedara ostensiblemente demostrado que, ya sin prejuicios ni
suspicacias, para seguir adelante, el país necesita una REFORMA CONSTITUCIONAL.
UNA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SEGÚN SU INTERPRETACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL , FALLA EN CONTRA DE LAS DECISIONES DE UN PODER
LEGISLATIVO QUE EXPRESA LAS RELACIONES DE FUERZA ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO Y
DE UN EJECUTIVO SOBERANAMENTE ELEGIDO POR INDISCUTIBLE MAYORÍA.
¡Fenomenal demostración de conducta antidemocrática de
uno de los famosos Tres Poderes!
Está claro que es hora de poner las cosas en su lugar,
ya que el razonamiento colectivo, el sentido común, se está enfrentando con la
razón práctica de una de las instituciones de la República. Esto
es, diría Don Arturo Jauretche, que el traje institucional le está quedando
incómodo al cuerpo de la Nación
¡LO QUE HAY QUE CAMBIAR ES EL TRAJE Y NO EL CUERPO, SEÑORES!
No es que el gobierno actual se obstine en proponer
leyes inconstitucionales: ¡es que la Constitución atrasa!
¿Qué pretende la Corte ? Parece empeñada en disciplinar al
soberano, cuando su papel institucional consiste en protegerlo en el ejercicio
de sus derechos. Entonces, tradición mediante, a las decisiones de los órganos
políticos del Estado, que son producto del voto de las mayorías y acompañan la
actualización de la sociedad para adaptar sus herramientas a las nuevas
condiciones sociales, económicas, nacionales e internacionales, le responde
aplicando el corset de las instituciones viejas.
Todo al revés: pretende subordinar lo trascendente,
que es la Nación
y su pueblo, por excelencia soberano en sus decisiones, a la tan proclamada ley
suprema, la Constitución
Nacional , históricamente contingente (las hubo unitarias y
federales, y en el tan democrático EEUU se modifica cada dos años mediante
enmiendas). Mesiánica misión histórica de nuestras clases dominantes: civilizar al bárbaro. Pero las cosas
están cambiando… ya no son tan ganadores. Sin embargo, prefieren condenar el
país al atraso antes que resignar mayorazgos otrora obtenidos.
Lo sabemos, no hay justicia; el pueblo llano hace rato
que lo viene comprobando: los ricos nunca entran a la cárcel; los pobres se
pudren ella. Los cargos en la justicia son elegidos y ratificados a dedo por la
corporación, como producto de un derecho divino, al estilo monárquico; no hay
revocatoria legalmente posible, ni ante los más atroces prevaricatos (no
embromemos con el Concejo de la
Magistratura , oportunamente ratificado en su neta parcialidad
corporativa por la Corte ).
Así, los nombramientos en la judicatura, más que una expresión de
independencia, pasan a ser un bill de
indemnidad.
Pero los jueces no son inmaculados apóstoles de la
igualdad. Son sujetos sociales con intereses culturales, políticos y de clase,
naturalmente no de las más bajas.
Si los lugares políticos están siempre sujetos al
eventual escrutinio de los ciudadanos de base y de ellos surge el poder
representativo ¿porqué dos de los poderes republicanos electivos deben estar
sometidos a la supremacía de la más feudal de las corporaciones? ¿Porqué los
ciudadanos de esta Argentina próspera deben respetar la decisión de la reacción
conservadora?
¿No es que el sistema republicano se fundamenta en la
soberanía popular, expresada a través de los partidos políticos y su
representación en el Estado según las voluntades mayoritarias? ¿No es que el
sistema tripartito de poderes debe servir para evitar las arbitrariedades de
alguno de sus estamentos?
¿Ha habido algún abuso de poder en el Ejecutivo y el
Legislativo (queremos conocerlos)? ¿En alguna ocasión dejaron de cumplirse los
reglamentos y deberes de funcionarios de los dos poderes que expresan
directamente el voto popular?
De acuerdo a lo dicho, queda claro el abuso de poder de
la Corte Suprema
de Justicia donde sus ejecutivos, en tanto vitalicios, se sienten exentos de someterse
a la opinión ciudadana.
Recordemos. El progreso del país y sus instituciones han
sufrido numerosas interrupciones reaccionarias. En todas ellas, ha sido
decisiva la aquiescencia de los variopintos abogados que se sucedieron en la Corte desde 1955. Nunca los
ciudadanos de a pie tuvieron oportunidad de influir ni de enmendar decisiones
ni nombramientos de la judicatura.
No es porque esa profesión sea impenetrable a la
sabiduría del vulgo. Nadie sabe más de leyes que quienes las sufren (vaya a
tomar un curso de derecho penal a las cárceles, y verá). Pero la ley está
sometida a la razón de la clase dominante,
y a esa racionalidad está respondiendo hoy nuestra Corte. ¿Cuál es la gran pauta que determina su
comportamiento? La de siempre: el antiperonismo.
¿No fueron jueces de honorable catadura los que
admitieron la derogación por bando militar de la Constitución democráticamente
sancionada de 1949? ¿Quiénes ocultaron deliberadamente las violaciones a los
derechos humanos a partir de 1976? ¿Cuáles legitimaron las leyes de obediencia
y luego aprobaron los indultos a los genocidas? Son los mismos funcionarios que
hoy dominan la nómina de ejecutivos judiciales.
Entonces ¿cuál es la “virginidad” de la justicia? Es
un órgano tan politizado como el que más.
Por eso, una asamblea constituyente nacional y
democrática (otorgando a los defensores del status
quo el handicap de convocarla de acuerdo al orden predominante) deberá
elaborar un nuevo texto, atacando principalmente los tópicos dogmáticos que
vienen repitiéndose desde 1853. Sólo así se podrán esclarecer y resolver los
conflictos que hoy paraliza institucionalmente la evolución histórica de la Nación Argentina
Mientras, a esta Corte Suprema de Justicia, a la que
respetamos por su seriedad profesional, debemos reclamarle que avance sincera y
responsablemente en la modernización democrática del servicio de justicia (que no
es otra cosa sino eso: servicio, nada
más excelso; y no las falsas dignidades medievales que se le atribuyen para
darle la apariencia de nobleza intocable).
Y a nosotros, que no nos confunda la vocinglería
pseudodemocrática con su defensa de “las instituciones de la República ”, diría otra
vez Don Arturo; los intereses de la
Nación y de su pueblo ostentan indiscutible supremacía: la Nación es el sujeto; la República su atributo.
Superada esa zoncera, preparémonos para proyectar los
progresos de este mundo en vertiginosa marcha de cambios permanentes hacia
nuestro presente: ese es el verdadero sentido que se debe dar al concepto de
inclusión social, así como es preciso reconocer que los derechos que merecen en
igualdad de condiciones todos los argentinos se amparan ampliando y no
recortando las libertades democráticas.
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